Admiten antejuicio contra jueza implicada en embargo al Estado

Por el delito de prevaricato judicial continuado en perjuicio de la administración de justicia, la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) presentó un antejuicio cuya solicitud fue aceptada este miércoles en contra de Irisabel Lucía Miranda Hernández, jueza de letras de lo civil de Francisco Morazán.

Se trata del caso relacionado a una resolución arbitral internacional emitida por el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), celebrada el 7 de septiembre de 2009, entre la empresa DRS Inc. y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), en la cual se condenó al Estado de Honduras a pagar 51,482,556.90 dólares, equivalentes a más de mil millones de lempiras.

Tras la resolución, la Corte Suprema de Justicia le denegó su reconocimiento mediante una sentencia de fecha 7 de agosto de 2013, considerando que era contraria al orden público y había violentado los procedimientos de arbitraje establecidos en el ordenamiento jurídico interno.

Sin embargo, seis años después, el 3 de diciembre de 2019, la jueza “de manera arbitraria reconoció y ordenó la ejecución de la resolución arbitral internacional que derivó en el embargo de las cuentas del Estado de Honduras y que hasta ahora ha dejado un perjuicio de 381 millones de lempiras en concepto de pago de demanda”.

Además, la funcionaria judicial, bajo el argumento de que el Estado de Honduras había actuado de forma dolosa al pago de la deuda, lo condenó por un monto adicional de 42 millones de lempiras por concepto de costas procesales, ya cancelados a la fecha, según la Uferco.

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