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Crimen de Keyla Martínez sume a la Policía en una nueva crisis

protestas. Tras la muerte de Kyela, cientos de ciudadanos han exigido castigo para los responsables.

TEGUCIGALPA.

La muerte violenta de la estudiante de Enfermería Keyla Martínez en manos de miembros de la Policía Nacional ha puesto nuevamente a la institución policial en la picota pública y ha sumido al cuerpo armado hondureño en una nueva crisis institucional similar a la de octubre de 2011, cuando un grupo de uniformados asesinaron al hijo de la exrectora universitaria Julieta Castellanos.

El 22 de octubre de 2011, los cuerpos de los estudiantes universitarios Alejandro Vargas Castellanos (de 22 años) y su amigo Carlos Pineda (de 24) fueron encontrados en una hondonada en la salida de la carretera del sur con varios impactos de bala.

La depuración debe ser permanente desde el más alto mando hasta los recién ingresados.

Alberto Solórzano, depurador de la Policía.

Por este crimen brutal se responsabilizó a un grupo de policías asignados a la posta policial de La Granja, convertida en aquel momento en un centro de operaciones de actividades ilegales, como extorsión, robo de vehículos y asaltos.

Este mediático crimen guarda ciertas similitudes con el de la estudiante de Enfermería Keyla Martínez en el sentido de que se trata de otra estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) que muere violentamente a manos de agentes de las fuerzas del orden que tenían bajo su responsabilidad salvaguardar su integridad.

Muy parecidosEn el caso de los asesinatos de Alejandro Vargas y Carlos Pineda hubo toda una confabulación policial para encubrir a los verdaderos responsables del hecho criminal, cuyos detalles salieron a luz posteriormente por la tenaz denuncia y exigencia de justicia de las madres de las víctimas y el clamor e indignación de la sociedad hondureña.

La muerte misteriosa de Keyla Martínez, en una celda de la posta policial de La Esperanza tiene los mismos ribetes de abuso policial, ya que en un principio la Policía intentó hacer pasar el caso como un suicidio de la joven que fue detenida por supuestamente hacer escándalo en la vía pública en estado de ebriedad e incumplimiento del toque de queda.

En un comunicado divulgado el domingo 7 de febrero, la Policía aseguró que “durante la ronda de supervisión, los agentes descubrieron (a la víctima) intentando quitarse la vida mediante asfixia por suspensión, por lo que de inmediato fue trasladada al hospital Enrique Aguilar Cerrato, donde falleció”.

“Debe haber castigo ejemplar”Se debe profundizar en la investigación para que todos los involucrados respondan y debe haber un castigo fuerte para que sirva de ejemplo al resto de la institución, dijo el depurador Alberto Solórzano.

A su criterio, este caso difiere con la situación que vivía la Policía cuando el asesinato del hijo de la exrectora de la Unah, ya que esta vez se procedió de manera más expedita para evitar que el hecho quede en la impunidad.

Sin embargo, dos días después el Ministerio Público desvirtuó la versión policial y confirmó que la autopsia practicada a Keyla arrojó que la joven murió por “asfixia mecánica”, es decir, que se trató de un homicidio, por lo que pidió que los agentes de turno fueran puestos a la orden de la Fiscalía que investiga el caso.

La exrectora Julieta Castellanos dijo ayer que ante a este nuevo hecho criminal la depuración policial debe ser un proceso permanente para no pasar los mismos acontecimientos que le tocó vivir a ella en octubre de 2011.

“Ya la Comisión de Depuración hizo su trabajo en su momento, sacaron a policías que estaban vinculados en delitos y crímenes, que se habían enriquecido ilícitamente, y, por lo tanto, lo que compete ahora es que continúe la depuración de manera categórica, rigurosa y sin miedo”, dijo.

La socióloga recomendó a las autoridades de Seguridad instaurar veedurías permanentes en las postas policiales, ya que en estos lugares se han reportado crímenes y violaciones de los derechos humanos contra personas detenidas y bajo custodia policial.

Datos6,000 miembros de la Policía han sido cancelados y suspendidos desde que se inició la depuración policial.

800 millones de lempiras había pagado el Estado hasta julio de 2018 en prestaciones a policías.

Andamiaje legal Omar Rivera, miembro de la Comisión de Depuración Policial, dijo a LA PRENSA que el adecentamiento de la Policía es un proceso que inició la Comisión con mucho éxito, y sobre la base de esa experiencia se hizo una transición para que ahora sea la institucionalidad estatal que esté a cargo de la evaluación permanente y profilaxis continua de las estructuras de la Policía Nacional.

Destacó que se ha dejado todo un andamiaje legal para continuar con el proceso permanente de depuración, y como resultado muchos agentes y oficiales han sido sometidos a procesos disciplinarios y judiciales.

Pero aún así, dijo que ni los ciudadanos, ni las autoridades gubernamentales, ni la institución en sí pueden evitar que un irresponsable oficial o agente de escala básica cometa un exceso o una falta o un delito.

”Lo que sí podemos ahora es investigarlo con rigurosidad y sancionarlo con severidad para evitar que la impunidad reine en la institución como sucedía antes; hoy a nadie se le perdona nada, y a diario se implementan líneas de investigación para determinar cuáles son los policías que no han comprendido que ahí “la fiesta terminó”, acotó.

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