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Destruyen millonario cargamento ilegal de cigarrillos en Tegucigalpa y Choluteca

La Prensa

Tegucigalpa, Honduras.

Un cargamento de cigarrillos de contrabando valorado en 13 millones de lempiras, fue destruido en las instalaciones del Primer Batallón de la Policía Militar, ubicado en la aldea Las Casitas.

La operación fue hecha por el Ministerio Público, con orden de un juez de lo penal así como con el apoyo de la policía militar y otras instituciones.

La destrucción del producto fue ordenada por el Juzgado de lo penal, luego de que la fiscalía presentara las pruebas de que el cargamento no tenía documentación legal y fue introducido al país de contrabando procedente de China.

En total fueron destruidas 492 cajas de cigarrillos de 50 paquetes que contenían 10 cajetillas con 20 unidades cada una, todos de la marca Modern.

Este cargamento ilegal fue decomisado en la salida a Villa Nueva, Francisco Morazán.

En Choluteca, las autoridades destruyeron más de un millón de cigarrillos ilegales, de las marcas Gold Star y Ultra Buy.

Por esta mercancía, el Estado dejó de percibir 3.

2 millones de lempiras por concepto de impuestos, ingresos que pudieron ser utilizados para solventar la emergencia sanitaria y la provocada por los desastres naturales.

En Choluteca, las autoridades también destruyeron más de un millón de cigarrillos ilegales, de las marcas Gold Star y Ultra Buy.

En 2019, el contrabando de cigarrillos aumentó en un 30% durante el mismo año, lo que representó para el Estado de Honduras una pérdida aproximada de 329 millones de lempiras por evasión fiscal debido al comercio ilegal de cigarrillos.

Las autoridades hondureñas, a pesar de la difícil situación que atraviesa el país con desastres naturales y pandemia, continúan realizando operativos en las diferentes fronteras del país combatiendo el contrabando, delito del crimen organizado y de corrupción.

La comercialización de estas marcas es constitutivo de delito, las penas pueden ir en ascenso dependiendo de los montos que se presenten y el perjuicio que puede ocasionar al Estado, pueden ir desde 3 hasta 12 años.

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