Fallo en favor de maestros atenta su sostenibilidad, aseguran en Inprema

señalado. Nasry Asfura es el alcalde de Tegucigalpa.

TEGUCIGALPA.

El directorio del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) rechazó y desafió la sentencia emitida por el alto tribunal constitucional que obliga a jubilar maestros con la antigua ley.

“Las últimas noticias relacionadas a la Sentencia del Amparo SCO-0299-2018 del año 2019, a favor de 286 docentes para jubilarse con la ley derogada (Decreto 1026-80), en donde hace mención que no se ha ejecutado dicha sentencia son completamente falsas”, señala un escueto comunicado emitido por el Inprema.

Indica que una vez que se notificó el fallo de la Corte Suprema de Justicia ante el Inprema, aun y cuando dicha decisión ha puesto en riesgo la sostenibilidad del Instituto, el directorio de especialistas y todo el equipo técnico de la institución lo analiza.

SépaloEl Inprema deberá otorgar el beneficio de la jubilación establecido en la antigua ley a los docentes que ya habían cumplido con los requisitos exigidos.

Las autoridades aseguraron que acataron la sentencia y ofrecieron el apoyo necesario para atender las solicitudes de acuerdo con lo señalado en la misma.

A la fecha ingresaron al Inprema unas 220 solicitudes de jubilaciones, de las cuales han sido dictaminadas conforme al fallo de la CSJ 216 beneficios.

La misiva de prensa establece que “desmentimos públicamente las declaraciones emitidas en las últimas horas”.

ResoluciónEl jueves anterior, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia otorgó una garantía amparo a favor de más de 200 maestros que solicitaban jubilarse del sistema educativo público del país con la antigua ley del Inprema.

La sentencia otorga el beneficio de la jubilación establecido en el decreto ley 1026 del 15 de julio de 1980 a los docentes que ya habían cumplido con los requisitos exigidos y que no presentaron el escrito de solicitud de la misma antes de la fecha 19 de enero de 2012, cuando entró en vigencia la nueva ley.

El fallo obliga al Inprema a proporcionar una financiación sostenible y oportuna para que a los docentes que, aun y cuando sabían de sus derechos vulnerados, gestionaron su jubilación y les fue otorgada con la nueva ley, afectándoseles en la cantidad mensual a percibir, se les calcule su jubilación con los montos establecidos en la ley anterior.

Además, que deberá ser reconocido el porcentaje faltante de forma retroactiva, hasta cinco años atrás, contados desde la fecha de la vigencia de esta sentencia.

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