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Más de L4,500 millones ha perdido la industria azucarera en la última década por la ola imparable de invasiones de tierras que ningún gobierno ha podido controlar y la cual está cobrando proporciones sin precedentes.
Entre 2012 y 2013, productores independientes y compañías de la industria registraron pérdidas superiores a L300 millones y desde entonces ese saldo anual ha aumentado hasta alcanzar cerca de L500 millones.
Mateo Yibrín, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), le dijo a Diario LA PRENSA que la industria pierde unos L455 millones al año por usurpaciones de estas plantaciones ubicadas en su mayoría en el valle de Sula.
En los últimos días, Yibrín, por medio de Twitter, advirtió que “el problema de las invasiones de tierra es una violación del derecho a la propiedad privada que es un derecho humano fundamental”.
Enfatiza que “el Estado debe de ser garante de este derecho constitucional para garantizar otros derechos económicos y sociales como el empleo, la seguridad alimentaria y las inversiones, no solucionarlo lleva al fracaso del Estado de derecho”.
Desde el segundo semestre de 2022, los grupos de usurpadores han tomado fuerza y se han apoderado de cientos de manzanas que estaban cultivadas de caña de azúcar en El Progreso, Yoro. Dado a la proliferación, la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh) han instado al gobierno de Xiomara Castro encontrar una solución inmediata.
“Que proceda al desalojo inmediato de las tierras conforme a lo ordenado por la Fiscalía General de la República y la pronta ejecución por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para que de forma inmediata retornen a su recuperación y reactivación de las actividades productivas generadoras de riqueza y empleo para la población hondureña”, dijo Fenagh, recientemente en un comunicado.
De acuerdo con Gerardo Guillén, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Azúcar de Honduras (Apah), estos grupos de personas se han apoderado de más de 100 manzanas de tierra sobre los cuales tienen derechos legales las empresas.
“La situación está fea y da mucho pesar para el país (…). Si no se para esta situación, si no se le pone un alto, va a agarrar a todo el sector agroindustrial y después a todos. Después, usted, en cualquier momento, tendrá a una persona que le va a decir que su casa es de esa persona. Esto afecta la imagen del país, afecta la inversión extranjera, afecta el empleo, pone en riesgo las exportaciones, pone en riesgo la seguridad alimentaria”, dijo.
Guillén explicó en una entrevista con Diario LA PRENSA que las usurpaciones provocan un efecto dominó nefasto en la economía, pues el azúcar es la materia prima para la producción de cientos de empresas dedicadas a bebidas y alimentos.
“Las invasiones también afectan a los trabajadores porque las empresas cuando ven que tienen estos problemas, cierran, se van y nosotros quedamos de brazos cruzados sin ganar un salario para llevar la comida a la familia”, dijo Daniel Pineda, un jornalero de esta industria que aporta más de 200 mil empleos en el área rural.
Aún dentro de este escenario desalentador, la industria incrementó la cantidad de manzanas cultivadas , pasó de 64,270 (2011) a 79,385 (2022), según la Apah.
Con esta área, el año pasado obtuvo una producción de 11,533,957 quintales, 2.6 millones más que en 2021 (8,852,792). El 68% del azúcar lo compró el mercado nacional. El 32% llegó al extranjero.
Periodistas de LA PRENSA que recorrieron la zona constataron que los invasores eliminaron las plantaciones de caña y en su lugar instalaron casuchas armadas con varas y plástico.
En una plantación un grupo colocó mantas rotuladas con Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) e Instituto Nacional Agrario (INA). En otra propiedad, los invasores no han colocado distintivos.
Nora Alicia Ramírez, dirigente de la CNTC en El Progreso, Yoro, le confirmó a Diario LA PRENSA que miembros de su organización efectivamente han colocado rótulos en “tierras que han recuperado porque son propiedad del Estado y no de la empresa que las ha estado explotando”.
“Históricamente los campesinos hemos tenido problemas para acceder a las tierras y hoy estamos recuperando una parte de tierras que eran explotadas por una compañía azucarera bajo un convenio que este mes se le venció. Nosotros no estamos causando daños económicos, la empresa azucarera sabe que estamos dentro de la ley”, dijo Ramírez a Diario LA PRENSA.
La dirigente aclaró que ella solamente puede defender los intereses del grupo de campesinos de CNTC y no de otras personas que “aprovechan apara invadir”.
“Nosotros estamos contra las invasiones porque son ilegales y causan daños. Nosotros recuperamos tierras del Estado para fines agrarios, no para construir casas”, dijo Ramírez.
